Australis: Quiroga es formalizado por administración desleal y estafa y su defensa vuelve a negar las acusaciones

Este miércoles se desarrolló la audiencia de formalización del empresario Isidoro Quiroga Moreno, por los presuntos delitos de administración desleal y estafa. El excontrolador de la salmonera Australis fue formalizado junto al expresidente de la firma, Martín Guiloff; y el exgerente de Finanzas, Santiago Garretón.

La formalización proviene de las querellas ingresadas por la gigante china Joyvio, que adquirió Australis por US$ 921 millones en 2019 y posteriormente acusó a Quiroga y sus cercanos de haberles engañado durante el due diligence, ocultándoles una política de sobreproducción al interior de la empresa.

Desde que estalló el caso, la defensa de Quiroga ha negado las acusaciones, señalando que entregó toda la información y que el grupo chino siempre estuvo al tanto de los indicadores productivos de la firma. De hecho, los abogados del empresario habían solicitado el sobreseimiento de la causa, pero al principio de la audiencia se desistieron de esa solicitud, aludiendo a nuevos antecedentes que se habían incorporado a la investigación.

El escrito de la fiscal

La protagonista de esta jornada fue la fiscal Constanza Encina, quien representa al Ministerio Público en el caso y que hoy leyó las 59 páginas que componen la minuta de formalización.

En su escrito, sostuvo que Quiroga, Guiloff y Garretón, “implementaron un plan de sobreproducción sostenida en el tiempo respecto de la mayoría de los centros productivos de Australis”. Así, anotó que entre 2018 y 2022 la empresa estaba autorizada para producir 231 mil toneladas y se excedió en 98 mil, produciendo en torno a 330 mil toneladas.

“Lo anterior fue planificado y ejecutado dolosamente por los imputados con el objeto de aumentar ficticiamente el valor de la compañía y aparentar una capacidad mayor de producción y rentabilidad, con total indiferencia frente a las consecuencias medioambientales y sancionatorias que aquello podría acarrear, perjudicando con ello, a Joyvio y a la propia compañía”, dijo.

En relación con el delito de estafa, la fiscal planteó que los imputados actuaron con el objeto de ocultar la real situación de sobreproducción masiva de la empresa y “las reales dimensiones de las contingencias sancionatorias”.

Con esto, sostuvo que la determinación del monto de la compraventa se realizó mediante “maniobras fraudulentas” y calculó que la firma en realidad se debió haber vendido en US$ 299,6 millones, es decir, que existió un perjuicio de US$ 620,5 millones para Joyvio.

Respecto a la administración desleal, la fiscal Ecina enumeró sobreproducciones en 57 ciclos productivos, con lo que los imputados  habrían irrogado “un perjuicio al patrimonio que debían salvaguardar”, que a la fecha de la formalización estimó en US$ 140,4 millones, citando un informe de la consultora FK Economics encargado por los querellantes.

Cautelares y la defensa

La persecutora solicitó para los imputados -que estuvieron de acuerdo con ello- dos medidas cautelares: arraigo nacional y firma cada tres meses. No obstante, tanto Quiroga como Garretón tendrán la posibilidad de pagar una caución de $ 10 millones, con lo que podrán salir del país informando las fechas de salida y entrada. El caso de Guiloff es distinto, dado que reside en España, por lo que deberá firmar en el consulado chileno de ese país de manera bimensual.

En un punto de prensa, posterior a la audiencia, la fiscal sostuvo que estaban “formalizando la investigación a solicitud, de hecho, de los propios imputados que querían conocer qué era lo que el Ministerio Público estaba investigando respecto de ellos”. Agregó que tienen una serie de diligencias pendientes que tienen relación con posibles delitos medioambientales, lo que podría hacer variar las circunstancias.

El penalista Juan Domingo Acosta, parte de la defensa, refutó tajantemente las acusaciones de la Fiscalía: “Estamos absolutamente convencidos que esos hechos no son como se han presentado, ni mucho menos son delitos”.

Argumentó que “aquí (en el due diligence) participó un conjunto de personas y empresas expertas que asesoraron esta compra, de tal manera que decir que cosas tan evidentes como la producción histórica o las proyecciones no se dijeran, es una cosa absolutamente absurda. En el mundo de los negocios, es inimaginable”.

En tanto, el abogado Alex Van Weezel, también de la defensa, envió una declaración en la que subrayó tres puntos: que se acusa estafa a pesar de que la propia fiscal constató que el propio representante, negociador y asesor técnico de Joyvio (José Gago) conoció en detalle los datos productivos; que el supuesto delito de administración desleal se basa en un plan de producción que fue entregado a Joyvio antes de la compraventa; y que los perjuicios alegados por la fiscal, “tomados a fardo cerrado de los informes de FK Economics presentados por los querellantes”, fueron descartados por informes de Óscar Landerretche, Andrés Gómez-Lobo, Ronaldo Bruna, Fernando Coloma, Jorge Quiroz y Patricio Arrau.

Desde la otra vereda, el abogado Gabriel Zaliasnik, que representa a Joyvio, dijo que la tesis de Quiroga de que las querellas son una maniobra extorsiva “quedó desmitificada, si no la Fiscalía de Alta Complejidad no estaría formalizando”. Asimismo, llamó a investigar el caso en relación a la Ley de Mercado de Valores, dado que la valorización de Australis se hizo a partir de información pública entregada al regulador.